Me levanto un nuevo día con el brillante sol de marzo en Maryland. Entro en mi vestidor y elijo una camisa al azar de J. Crew, esa camisa de rayas azules que pega con todo. “Made in América”, leo con interés mientras la extiendo sobre mi espalda algo adormecida. Hace frío todavía en primavera. Busco con prisa unos calcetines en ese cajón sin fondo y elijo al azar unos Fruit of the Loom. Muchísimo mejor. 

Con café en mano decido abrir la aplicación del The New York Times y comienzo mi scrolling. Mis ojos se quedan fijos ante el título “Solos y explotados, niños migrantes desempeñan trabajos crueles en EE. UU”. Este tema me ocupa desde hace muchos meses y no dudo en leerlo con rapidez. Inmediatamente mi corazón se encoge. Un mes más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, admite haber sentido lo mismo al conocer esta investigación. 

Hace varias semanas que tanto la administración como la comunidad internacional ha sido informada de la explotación laboral que están sufriendo menores migrantes en territorio estadounidense. Desde entonces, la administración de Biden se ha comprometido a llevar a cabo una investigación y poner en marcha una serie de medidas para prevenir esta lamentable situación que sufren cientos de niños en este país. 

¿Qué hay detrás de toda esta polémica? En los dos últimos años, 250.000 menores no acompañados cruzaron la frontera que separa Estados Unidos con México. Podríamos hacer un inciso y aclarar que las políticas migratorias actuales permiten a los menores migrantes no acompañados beneficiarse de un estatus migratorio especial denominado SIJS, (Special Immigrant Juvenile Classification), por el cual se les facilita la estancia en Estados Unidos y se les exime del peligro de deportación. No hay duda de que esta cifra, además de asombrosa, es extremadamente difícil de manejar desde el punto de vista logístico y presupuestario. Sin embargo, cuesta creer que en Estados Unidos existan niños explotados y desprotegidos. 

¿Qué ha fallado? El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), quien está a cargo de gestionar la seguridad de estos menores a través de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR) ha denunciado la falta de personal y presupuesto para proteger a la cada vez mayor cifra de menores que cruzan la frontera. 

Si bien el proceso de reasentamiento en sí sigue siendo el mismo que antes de la ola migratoria,  la realidad es que los funcionarios cuentan con mucho menos tiempo y menos recursos para ejecutarlo. Después de las 72 horas máximas estipuladas en centros de detención, esta oficina distribuye a los menores, en su mayoría centroamericanos, en centros de acogida que les brindan un refugio temporal, desde el que tienen acceso a alimentación, cuidado médico, educación y otros servicios. A continuación,  los menores son entregados a un familiar o adulto responsable, el llamado “patrocinador”. 

Debido a que no todos los menores que llegan a la frontera cuentan con un familiar o conocido dispuesto a hacerse cargo de ellos, la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR) se ocupa de buscar un patrocinador por su cuenta. El proceso de selección de patrocinadores sigue cumpliendo hoy con los requisitos obligados por la ley como la mayoría de edad, una solvencia mínima económica, la ausencia de antecedentes penales, etc. Pero el reto viene una vez que los niños han sido asignados, ya que los funcionarios no pueden llevar a cabo un control posterior a la entrega. El New York Times ha demostrado que el único contacto que algunos menores tienen con el departamento encargado de protegerlos una vez son asignados a un adulto es una hot line colapsada. De hecho, el periódico presenta el testimonio de varios niños que denunciaron abusos al departamento y fueron ignorados por la administración.

Testimonios apuntan a que algunos patrocinadores se mueven por los beneficios económicos que el gobierno les proporciona bajo el “programa de asistencia a patrocinadores” y no cumplen con sus obligaciones de promulgar el acceso a la educación del menor ni a sus necesidades mínimas como la alimentación o el descanso. En lugar de escolarizarlos, estos casos particulares obligan a los menores migrantes a trabajar para pagar un alquiler y la comida. Pero incluso aunque el patrocinador no quiera sacar un beneficio económico de la custodia, la realidad es que muchos de estos menores arrastran hasta la frontera una deuda a las espaldas contraídas con el coyote o guía que les ayudó a llegar. Además se sienten con la obligación de mandar remesas a sus familias que quedaron en sus países y para las que ellos son la única esperanza de salir adelante. 

La necesidad empuja a los niños a trabajar en todo tipo de sectores no siempre apropiados para su edad por más de ocho horas después de asistir a sus escuelas.  The New York Times presentó en su investigación testimonios de menores que trabajan turnos nocturnos en fábricas que sirven a la empresa Hearthside Food Solutions o en Walmart, J. Crew, Fruit of the loom, Apple, por citar algunos ejemplos. 

¿Cómo han reaccionado las empresas tras la denuncia? Las empresas afectadas han explicado estos casos “aislados” por su sistema de contratación que se basa en agencias de empleo externas, los llamados labor brokers que no comparte con ellos este tipo de detalles. Y se han comprometido a revisar todo el proceso.

Los investigadores federales coinciden en calificar de insignificante el impacto que una multa de 15.000 dólares puede tener en empresas como Whole Foods o Target, por mencionar algunos ejemplos y han pedido a la administración castigos más severos para parar esta tragedia. Como resultado, hace cuatro semanas Biden dejó abierta la posibilidad de aplicar “a hot goods legal provision”, una ley que pare el transporte interestatal de cualquier producto si se demuestra la presencia de un menor en la cadena de suministro. 

El paquete de cereales Cheerios que ponemos en la mesa del desayuno, los panecillos horneados en casa de Walmart, las barritas Chewy y Nature Valley, la leche procesada para los helados Ben & Jerry’s, el pollo deshuesado que nos vende Whole foods, todos estos productos, junto a muchos otros, esconden tras ellos la huella de la infamia: el abuso infantil en territorio estadounidense. Pero el abuso laboral no se limita a la alimentación o el textil, ya que muchos niños trabajan en fábricas automovilísticas como Ford, en empresas constructoras poniendo piedras volcánicas alrededor de los resorts de Big Island en Hawaii, limpiando habitaciones en hoteles de Virginia o recogiendo fruta en los campos de California. La lista es interminable. 

¿Qué podemos hacer? Para que esto se detenga la administración de Biden debe actuar, a mi modo de ver, en dos direcciones. En primer lugar debe invertir mayor presupuesto en El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) para que el proceso de distribución de los menores y el control de su bienestar a largo plazo esté asegurado, además de incentivar a la contratación de funcionarios con paquetes más atractivos. En segundo lugar, Biden debe cumplir con su promesa de castigar más duramente a las empresas que contratan a estos menores con multas ejemplares. 

¿Y nosotros? Quizá castigar con nuestro voto a políticos como el senador de Ohio quien hace poco aprobó una ley que extendía las horas de trabajo a menores de 16 años violando estándares federales, o los republicanos de Iowa quienes permiten a niños de 14 años trabajar en congeladores o lavanderías industriales. Tomar conciencia, presionar a las instituciones y exigir que cumplan las leyes, en este caso la ley de protección del menor que no debería bajo ninguna excepción violarse.