Según Amnistía Internacional, hoy, 18 de abril, morirán en el mundo aproximadamente 500 personas por violencia con arma de fuego. Esa cifra puede parecernos insignificante si tenemos en cuenta el total de la población mundial que ya roza los ocho billones y si además pensamos en la cantidad de países víctimas de la violencia y de los conflictos en Oriente Próximo, África o Centroamérica. Todo esto nos queda lejos, y además no es nada nuevo, sabemos que el mundo está lleno de lugares violentos y pobres donde la vida humana pende de un hilo. 

El sentimiento cambia cuando las cifras afectan a nuestro país, a nuestra vida cotidiana, al patio de recreo de nuestros propios hijos. Sorprende saber que de esas 500 muertes, 53 tendrán lugar hoy aquí en Estados Unidos. 

Entre muchas de las paradojas que definen a este país, el país de la libertad y la democracia, la defensa a ultranza del derecho constitucional a la tenencia de armas es quizá una de las más sorprendentes.

Estados Unidos es la única nación del mundo donde hay más armas que civiles, con una proporción de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes. Esto significa que casi el 44% de los adultos estadounidenses posee un arma en la intimidad de su hogar. Desgraciadamente y como evidente consecuencia de este arsenal civil, el último año murieron 4 de 100.000 habitantes entre homicidios, suicidios y accidentes por su manipulación. Una cifra que supera 18 veces la tasa promedio de otros países desarrollados según datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Durante las seis primeras semanas del 2023 tuvieron lugar 72 tiroteos masivos y la consecuente muerte de 2237 ciudadanos, muchos de ellos niños en sus propias escuelas. Es un hecho demostrado que ninguna otra nación desarrollada tiene tiroteos masivos en la misma escala o frecuencia que EE.UU. Entre 1998 y 2019 la mitad de los países desarrollados del mundo sufrieron al menos un tiroteo masivo sin sobrepasar ninguno de ellos más de ocho tiroteos durante este periodo. Por su parte, Estados Unidos alcanzó la cifra de 100 con más de 2000 muertos o heridos. 

La tenencia de armas es considerada por muchos ciudadanos estadounidenses como un derecho sacrosanto avalado por la Constitución desde su entrada en vigor en 1789. El texto de la Ley Suprema, hasta ahora nunca modificado, establece en su Segunda Enmienda que “ni el gobierno federal de los Estados Unidos, ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas”. 

Sólo otros dos países en el mundo recogen en su Constitución este derecho y estos son México y Guatemala. Frente a lo que cabría esperar, los poderes legislativos en estos países están a favor de la regulación y de las limitaciones caminando sin pausa hacia la seguridad de sus habitantes con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas que entienden el peligro que esta ley conlleva.

En Estados Unidos la situación es muy diferente. El brazo republicano presionado por la NRA (Asociación Nacional del Rifle), considerada el lobby más poderoso del mundo, se mueve justo en dirección contraria aprobando cada vez más leyes que faciliten esta posesión con menos control y mayor riesgo. La justificación se basa en que si los ciudadanos tuvieran más armas podrían frenar el crimen más rápidamente, los profesores de las escuelas serían capaces de parar cualquier amenaza y el país sería un lugar más seguro.

Es el caso más reciente del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien a principios de este mes consiguió pasar por el senado estatal con 27 votos a favor y 13 en contra una ley por la que es posible a partir del 1 de julio portar armas sin permiso si son ocultas. A partir de este verano se podrá entrar a una biblioteca, un cine, un supermercado, un restaurante con un arma si está bien escondida en el bolsillo y el local no lo prohíbe. DeSantis lo ha denominado el “porte constitucional” y aunque la prensa liberal se lleve las manos a la cabeza debido a que un “posible candidato” a la presidencia defienda esta ley, no podemos olvidar que Florida será tan sólo un estado más de la lista, en concreto el vigésimo sexto estado que respalda esta ley. Además, y para restar novedad al prometedor candidato, hay otros ejemplos de leyes aprobadas anteriormente que facilitaron la difusión de armas sin control como los estados de Alaska, Maine, Minnesota o Vermont donde la edad permitida para comprar armas se rebajó de 18 a 16 años. El sweet sixteen puede celebrarse allí regalando un rifle Crickett o Chipmunk fabricado por la empresa Keystone Sporting Arms que además los ha diseñado en diferentes colores y estampados para hacer juego con el color de los brackets multicolor tan de moda. 

Por su lado, el brazo demócrata intenta a nivel federal aprobar leyes que regulen la tenencia de armas por considerarla una amenaza pública. Este fue el caso por ejemplo del estado de Nueva York que aprobó la ley “Brady” consistente en exigir legalmente un plazo de cinco días entre la compra y la recogida de un arma de fuego para evitar los «actos de locura». Desgraciadamente, el Tribunal Supremo la declaró inconstitucional por incumplir la Segunda Enmienda de la Constitución.

A mi modo de ver y en base a los datos comprobables, no hay duda de que la tenencia masiva de armas en los Estados Unidos y su débil regulación pone en riesgo la vida de los ciudadanos y atenta contra el derecho a la vida. Afortunadamente, más de la mitad de los estadounidenses está de acuerdo con una regulación en una u otra medida, pero esta será inviable hasta que no se produzca un cambio legislativo a nivel constitucional.

La solución no es nada fácil ya que se reduce a dos escenarios posibles. El primero es que el Tribunal Supremo se aleje de su versión purista y admita una interpretación más moderna de la Segunda Enmienda que dé paso a leyes como la de «Brady». Si tenemos en cuenta que seis de los nueve jueces son conservadores y que los cargos son vitalicios, este escenario parece poco probable.

El segundo escenario supondría una reforma constitucional. Cabe preguntarse qué riesgos traería consigo dicha reforma. Los ejemplos internacionales no son muy alentadores. ¿Qué otros problemas surgirían?, ¿se abriría una caja de Pandora? La responsabilidad de los políticos que se enfrenten a una modificación de la Ley Magna debe de ser ejemplar, se trata de parar el juego y repensar las reglas. ¿Cuenta Estados Unidos con un panorama político capaz de afrontar este reto?